PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE DESARROLLAN PARCIALMENTE LA LEY DE CONTRATOS DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS

El lunes día 29 de abril del presente año 2019, se ha publicado el Real Decreto número 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla en parte el Texto de la Ley reguladora de los créditos inmobiliarios de 15 de marzo de 2.019.

La necesidad de la aprobación de este Real Decreto es doble: Por un lado, resulta necesario completar la Transposición de la Directiva 2014/17 de la Unión Europea, de 4 de febrero de 2014, que ya se inició con la Ley de crédito inmobiliario. Por otro, procede desarrollar diversos aspectos que se consideran necesarios para garantizar los derechos reconocidos a los consumidores.  

Con estas publicaciones, España culmina la Transposición de una Directiva Europea, cuyo plazo máximo había sido fijado por Europa en el mes de marzo del año 2.016; causa a su vez, de la multa de 100.000,00 euros /día de retraso en su publicación impuesta por la Unión Europea, para lo cual deberemos de esperar si se ejecuta, se minora o se extingue.

Principales aspectos que regula este Real Decreto:

Servicios de Asesoramiento: Establece, por un lado, qué requisitos mínimos deben cumplirse para poder ofrecer servicios de asesoramiento prestados por un prestamista, intermediario de crédito inmobiliario o representante designado a los consumidores, determinando que esta obligación será objeto de un contrato específico.

Información al consumidor: Deberá reflejar de manera clara los términos y condiciones del contrato de préstamo hipotecario. Asimismo, los consumidores deberán recibir información periódica sobre la liquidación de los intereses aplicados y cualquier otro gasto incluido en la liquidación. Cada mes de enero de cada año, los prestamistas remitirán a los consumidores o prestatarios una comunicación en la que se recoja información sobre comisiones, gastos devengados y tipos de interés aplicados y cobrados durante el año anterior.

Información a los sucesores “mortis causa”: Las Entidades bancarias o prestamistas inmobiliarios deberán facilitar la información a los sucesores del prestatario o consumidor para conocer el estado del préstamo al tiempo del fallecimiento del causante. En ningún caso un prestamista podrá exigir que se acredite la aceptación de la herencia para dar esta información. Solo podrá exigir que se acredite que son “llamados a la herencia”.

Documentación a remitir por el prestamista al notario:  La documentación precontractual o contractual (intereses, oferta vinculante del crédito, gastos de tasación, copia del proyecto del contrato, o gastos que corresponden al prestamista y/o al prestatario, entre otros) deberá ser remitida por la Entidad prestamista al notario elegido por el consumidor, quien citará al cliente que deberá identificarse a través del DNI. Validada la información por el Notario, éste redactará una Acta de Transparencia que deberá notificar a todas las partes y sin la cual no podrá otorgar Escritura alguna de préstamo hipotecario.

Seguro de responsabilidad civil o aval bancario de los intermediarios de crédito: El intermediario o la Entidad bancaria deberá disponer de un seguro o aval bancario de responsabilidad civil profesional que cubra las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los deberes de información a los consumidores.

Supervisión del Banco de España: Las Entidades bancarias o los prestamistas tendrán la obligación de remitir al Banco de España, con la forma y periodicidad que ese requiera, la información que considere necesaria.

Tratamiento de datos personales: Será de obligado cumplimiento el Reglamento de la Unión Europea relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales.

Ministerio de Economía y Empresa: Se faculta al Ministerio de Economía para dictar cuantas disposiciones de carácter general y actos sean precisos para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto.

Por último y salvo determinadas excepciones, este Real Decreto entrará en vigor el próximo día 16 de junio del presente año 2019, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Créditos Inmobiliarios.