Modificación del Plan General Metropolitano en la ciudad de Barcelona

Modificación del Plan General Metropolitano para la declaración de área de tanteo y retracto en la ciudad de Barcelona

El pasado 20 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, el acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona, en virtud del cual se aprueba definitivamente, en la sesión de 5 de diciembre de 2018, la Modificación del Plan general metropolitano (MPGM) para la declaración de área de tanteo y retracto en la ciudad de Barcelona.

Quedan sometidas al ejercicio de estos derechos, en todo el término municipal de Barcelona, las transmisiones de los inmuebles:

  1. Los edificios plurifamiliares enteros utilizados principalmente como vivienda.
  2. Terrenos sin edificar.
  3. Terrenos con edificaciones ruinosas o totalmente desocupadas.
  4. Viviendas vacías sometidos al impuesto sobre viviendas vacías. 1

También quedan sometidos a tanteo y retracto las transmisiones de acciones o de participaciones sociales de sociedades mercantiles cuyo objeto esté vinculado directa o indirectamente a la actividad inmobiliaria y que sean propietarias de alguno de los inmuebles que queden señalados.

Corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, o la entidad que el mismo designe, en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

Asimismo, la MGPM contempla que también serán susceptibles de quedar sujetos a estos derechos, los siguientes inmuebles:

  1. Edificios plurifamiliares enteros utilizados principalmente como vivienda.
  2. Terrenos sin edificar.
  3. Terrenos con edificaciones ruinosas o totalmente desocupadas.
  4. Viviendas en áreas de rehabilitación y de conservación o de un programa de rehabilitación; especialmente las viviendas vacías y los de alquiler en régimen de prórroga forzosa.
  5. Fincas edificadas incluidas en áreas de rehabilitación y conservación o en programas de rehabilitación.
  6. Viviendas en construcción o ya construidas, siempre que las personas transmisoras los hayan adquirido del promotor; en el caso de las viviendas construidas, también es necesario que la transmisión se proyecte o se perfeccione antes de que haya transcurrido un año desde la finalización del edificio.
  7. Viviendas o edificios provenientes de ejecuciones hipotecarias o de procedimientos de compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria.

Finalmente, hay que apuntar que se puede interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación en el DOGC.

1. A efectos del Impuesto sobre las viviendas vacías, se entiende por viviendas vacías la vivienda desocupada de forma permanente, sin causa justificada, durante más de dos años, que sean propiedades de personas jurídicas o de un derecho real que otorgue la facultad de explotación económica de la vivienda.

Se acredita que una vivienda está ocupado si su propietario dispone de un título, como el arrendamiento o cualquier otro análogo, que habilite el empleo, y se justifica documentalmente por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

El cómputo del período de dos años se inicia a partir de la fecha en que la vivienda está a disposición del propietario para ser ocupado o para ceder su uso a un tercero, y no hay ninguna causa que justifique el desempleo. Es necesario que durante estos dos años el sujeto pasivo haya sido titular de la vivienda de manera continuada.

En el caso de viviendas de nueva construcción, se entiende que hay disponibilidad para que la vivienda esté ocupado a partir de tres meses a contar desde la fecha del certificado final de obra.

Se causa de interrupción del cómputo de los dos años la ocupación de la vivienda durante un periodo de, al menos, seis meses continuados.

A efectos de este impuesto, se consideran causas justificadas de desocupación de una vivienda los siguientes supuestos:

  1. Que la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución con respecto a su propiedad.
  2. Que la vivienda tenga que rehabilitar. En este caso, las obras se tienen que justificar que son necesarias para que la vivienda pueda tener las condiciones de habitabilidad, según la normativa vigente.
  3. Que la vivienda, previamente a la aprobación de esta ley, esté hipotecado con cláusulas contractuales que imposibiliten o hagan inviable destinarlo a un uso diferente al que se había previsto inicialmente, cuando se otorgó la financiación, siempre que el sujeto pasivo y el acreedor no formen parte del mismo grupo empresarial.
  4. Que la vivienda esté ocupado ilegalmente y el propietario lo tenga documentalmente acreditado.
  5. Que la vivienda forme parte de un edificio adquirido íntegramente por el sujeto pasivo en los últimos cinco años, con el fin de rehabilitarlo, y siempre que tenga una antigüedad de más de cuarenta y cinco años y contenga viviendas ocupadas que hagan inviable técnicamente iniciar las obras de rehabilitación.

 

 

 

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