Levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos, de los términos y plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones que habían quedado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020

El pasado 23 de mayo de 2020 se publicó en el  boletín oficial del estado el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, -por el cual se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo-, el cual ha decretado el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos, de los términos y plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, que habían quedado suspendidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (artículo 8 a 10 y disposición derogatoria única).

Mediante la aprobación de esta norma con rango de ley, el Gobierno ha creado una ficción jurídica para insuflar un nuevo aliento a todos aquellos procedimientos que se han visto afectados antes o durante la declaración del estado de alarma, haciendo una clara diferenciación de aquellos expedientes que encuentran su origen en sede administrativa o judicial. Destacamos;

Procedimientos administrativos:

En fecha 1 de junio de 2020 se ha levantado la suspensión de plazos administrativos, por la derogación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo.

De este modo se ha retomado o reiniciado el cómputo de los plazos suspendidos en función de la previsión que se haya hecho por parte de las normas dictadas durante el estado de alarma, puesto que se ha previsto que el plazo no se retomará (es decir por los días que restaban) sino que se reiniciará en determinados casos.

Por ejemplo, en cuanto al cómputo de los plazos para interponer recursos en vía administrativa, que habían quedado suspendidos, en cualquier procedimiento del que se puedan derivar efectos desfavorables o de gravamen para las personas interesadas, se reiniciará de acuerdo con el establecido a la disposición adicional octava del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo.

En cuanto a las notificaciones administrativas llevadas a cabo antes o durante la vigencia del Estado de Alarma, el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo será computable de forma íntegra desde el día 4 de junio.

Hay que tener presente que este año el mes de agosto se parcialmente hábil -del 11 al 31 de agosto- por lo tanto se tendrán que tener en cuenta estas fechas para liquidar el nuevo plazo.

Procedimientos judiciales:

El próximo 4 de junio del 2020 se levantará la suspensión de los plazos procesales y sustantivos, por la derogación de las disposiciones adicionales segunda y cuarta del Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo.

El cómputo de los plazos procesales se realizará según aquello previsto en el Real decreto ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Este RDL ha articulado una ficción jurídica considerando el 4 de junio como fecha de notificación general que permitirá aplicar las reglas de cómputo procesal previstas en el RDL 16/2020, de forma que todos los plazos procesales que se suspendieron -no se aplicable a los plazos vencidos- por la declaración del Estado de Alarma se computarán de nuevo desde su inicio.

Por ejemplo, en cuanto al plazo de 20 días para formular apelación contra una sentencia, si el día en que se declaró el Estado de Alarma habían transcurrido 15 días, no se tendrán 5 días, sino que se volverán a tener 20 días, desde el 4 de junio de 2020.

En cuanto a los recursos contra resoluciones notificadas durante el Estado de Alarma y en los veinte días siguientes, se tendrá todo el plazo legal para interponer el recurso (o anunciarlo o prepararlo o formalizarlo) desde el día 4 de junio.