Incapacitación judicial de las personas mayores

¿Qué quiere decir incapacitar a una persona?
¿Quién puede ser declarado incapaz?
¿Qué efectos puede tener la incapacitación?

Todas estas preguntas son preguntas que, en un momento u otro de la vida nos solemos hacer, sobre todo cuando nuestros familiares llegan a cierta edad o cuando tenemos un familiar que no se puede gobernar por él mismo.

La incapacitación judicial implica un proceso, instado ante los Tribunales de Justicia, según el cual un Tribunal puede incapacitar cuando existen causas legales que así lo justifiquen. La ley determina que una persona no puede ser declarada incapaz si no e mediante un procedimiento judicial, con todas las garantías procesales, entre las cuales está un examen efectuado por un médico forense y un reconocimiento judicial para valorar la capacidad del presunto.

En este artículo haremos referencia únicamente a la incapacitación de las personas mayores. No obstante, tal y como hemos comentado anteriormente, la incapacitación puede afectar a cualquier persona que tenga mermada la capacidad para obrar y no pueda realizar ciertos actos jurídicos ni administrar su patrimonio ni cuidar su persona.

La enfermedad psíquica más común que afecta a las personas mayores es la demencia del tipo Alzheimer. Según la organización americana American Elder Care Research Organization, la escala de uso general de este tipo de enfermedad es la GDS – Escala Global del Deterioro para la Evaluación de la Demencia Primaria Degenerativa –, también denominada Escala de Reisberg. Definir la fase de demencia de una persona ayuda a los médicos a determinar mejor el tratamiento. Existen 7 escalas:

  • Fases 1, 2 y 3: Fases leves de la enfermedad: pérdidas ligeras de memoria, dificultades en la concentración o dificultades para encontrar las palabras correctas, entre otras. Estas fases pueden durar hasta 7 años antes del inicio de la demencia.

Las siguientes fases ya preconizan descensos psíquicos importantes:

  • Fase 4: Declive cognitivo moderado: incluye dificultades para concentrarse, disminución de la habilidad para recordar acontecimientos recientes y dificultades para las finanzas. Puede no querer reconocer estos síntomas. Durante esta etapa, que tiene una duración aproximada de 2 años, un médico puede notar problemas cognitivos muy claros.
  • Fase 5: Declive cognitivo moderadamente severo: se presentan deficiencias serias de memoria y necesita ayuda para completar las actividades diarias (vestirse, bañarse o preparar la comida). Puede que no sepa la hora, el día o dónde está. La duración media de este período es de 1,5 años.
  • Fase 6: Declive cognitivo severo: requieren ayuda para realizar las actividades diarias. Olvidan nombres de la família próxima. La incontinencia es un problema en esta fase. Los cambios de carácter, creer algo que no es cierto, compulsiones – repetir una actividad como limpiar –, ansiedad, agitación o agresividad. La duración es a menudo de 2,5 años.
  • Fase 7: Declive cognitivo muy severo: habitualmente no tienen habilidad para hablar, comunicarse ni caminar y requieren de ayuda para la mayoría de actividades diarias. La duración suele ser de 2,5 años.

Frente una situación como las que acabamos de describir y, obviamente bajo consejo médico, los parientes más próximos pueden iniciar un procedimiento judicial de incapacitación con la finalidad de nombrar un tutor que tenga cuidado de su persona o, en su caso, de su patrimonio.

¿Quién puede solicitar la incapacitación?

  • El cónyuge o conviviente estable de la pareja, si hay convivencia.
  • Los descendientes mayores de edad de la persona incapacitada.
  • También los ascendientes, pero en este caso, al comentar la incapacidad de las personas mayores, será difícil que existan.
  • Los hermanos del incapacitado.

¿Cómo se tramita?

El procedimiento de incapacitación se inicia con una demanda con asistencia de un abogado y un procurador de los Tribunales. El Ministerio Fiscal siempre será parte en el procedimiento para salvaguardar el interés de la persona afectada.

Según fuentes de la Administración de Justicia de Catalunya, en la ciudad de Barcelona hay dos Juzgados especializados en incapacitaciones. Las demandas se presentarán a Decanato, junto con todos los informes médicos que acrediten la existencia de causas que justifiquen la solicitud de la incapacitación. El Juez examinará las pruebas presentadas, examinará el presunto incapaz y ordenará que lo haga, así mismo, el médico forense asignado al Juzgado. Es importante designar ya en la demanda la persona que puede ejercer el cargo de tutor o tutora, ya sea para gobernar la persona, como su patrimonio, como para las dos cosas. A la celebración de la vista oral que se realizará en el Juzgado y una vez practicadas todas las pruebas, el Tribunal permitirá a cada parte formular oralmente sus conclusiones.

¿Qué puede disponer la sentencia judicial?

La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que deba permanecer sometido el incapacitado. El tutor designado podrá actuar siempre, en nombre y representación del incapacitado, abrir cuentas corrientes, realizar pagos, arrendar un inmueble, si bien para actos de disposición, como puede ser la venta de un bien inmueble, deberá solicitar autorización judicial.

Además, el tutor designado, deberá presentar anualmente un informe sobre la situación del incapacitado y una rendición de cuentas relativa a la administración de sus bienes, si así procediera.

Para cualquier duda sobre una situación similar a las aquí descritas, puede acudir a las Oficinas de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona donde será debidamente informado y donde se le puede tramitar judicialmente la demanda, si así fuera necesario.