El Tribunal Supremo decide a favor de los bancos en los casos de hipotecas con IRPH

El pasado 14 de diciembre se supo el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal Supremos sobre el IRPH en los préstamos hipotecarios, donde no estima la nulidad del índice IRPH. Una vez analizada, podemos concluir que la sentencia argumenta su decisión sobre 4 fundamentos:

  • Determina que la cláusula es una condición general de la contratación, en no constar que fuera negociada individualmente y porque se ofrece a un número considerable de consumidores.
  • Afirma que, en utilizar un índice definido legalmente, no corresponde al control de la jurisdicción civil saber si este índice aplica o no la normativa reguladora, sino a la Administración. Por tanto, el IRPH como tal no puede ser objeto de control de transparencia, ya que tanto la Ley sobre condiciones generales de la contratación como la Directiva 93/13 excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda serlo la cláusula que la incorpora.
  • Dado el carácter esencial de la propia cláusula, entiende que no es función del banco la comparación entre índices, y que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debería saber que se utilizan diferentes sistemas de cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas para los diferentes prestadores en un elemento tan esencial como el mismo precio del préstamo.
  • Afirma que no es posible determinar que el euríbor haya sido más barato que el IRPH, por diversos motivos:
    1. Esta circunstancia se hace desde un sesgo retrospectivo que no puede servir de pauta para el control de transparencia (que se tiene que hacer en el momento de la celebración del contrato).
    2. No tiene en cuenta que el tipo de interés no se forma sólo con el índice de referencia, sino también con el diferencial.
    3. No consta que los diferenciales aplicados a préstamos con euríbor fuesen también más beneficiosos para el prestatario que los aplicados con préstamos con IRPH, sino justo lo contrario, y eso, lógicamente, sirve para hacer competitiva la oferta, ya que a un índice de referencia que supone un tipo porcentual más alto que otros, como el euríbor, se le añade un diferencial menor.
    4. El préstamo es a largo plazo, y no podemos asegurar el comportamiento futuro del índice en relación con los otros índices legales.

Afirma que, en la práctica, la Audiencia acaba haciendo un control de precios, declarando la nulidad de una condición general de la contratación porque el precio resultante sea más o menos elevado, lo que no es admisible.

Pero eso, el Tribunal Supremos puntualiza que si siguiera la argumentación de la Audiencia por declarar nula la referencia al IRPH, también haría que declarar nulas las referencias al euríbor en otros préstamos si en cualquier etapa de su vigencia la evolución del euríbor hubiese sido menos favorable para el consumidor.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados que consideran que la cláusula que incorpora el IRPH no supera el control de transparencia. Sin embargo, consideran que el recurso de casación debería estimarse sólo en parte, para sustituir la referencia al IRPH por una referencia al euríbor, en vez de dejar el préstamos con interés cero, como había resuelto la Audiencia Provincial.

¿Y AHORA QUÉ?

Una sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremos pone difícil las cosas para llevar esta reclamación a los tribunales con unas expectativas de éxito elevadas, aunque venga con un voto particular muy razonado y más coherente y respetuoso con la jurisprudencia precedente que la ponencia mayoritaria. Sin embargo, la incorrecta aplicación de la doctrina del mismo Tribunal Suprema y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la desatención de la realidad social de los consumidores a los que se colocó este índice y a las prácticas desleales de la banca permiten albergar esperanzas de que se pueda rectificar esta sentencia en un futuro próximo, sea porque se presenten demandas con prueba de las prácticas engañosas en el caso concreto y que el juez aplique correctamente la doctrina ya consolidad sobre el control de la transparencia, o porque algún juez o tribunal acuerde plantear una nueva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para precisar cómo se ha de realizar el control de la transparencia en un caso como este, cuestión prejudicial que ya parecen tener en mente los dos magistrados que elaboraron el voto particular.