El Tribunal Supremo cuestiona el mercado hipotecario

La reciente Sentencia núm. 1505/2018 Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda del Tribunal Supremo publicada el pasado jueves 18 de octubre ha creado una importante incertidumbre en el ámbito del mercado hipotecario al cuestionar quién debe ser el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la inscripción registral de una hipoteca. Según fuentes judiciales, otros dos recursos de la misma naturaleza fueron también sentenciados el pasado jueves en el mismo sentido.

El recurso inicial partió de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que impugnó una resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que denegó la exención del pago de impuestos en el caso de varios pisos de aquella entidad. Dicha empresa municipal había presentado una autoliquidación exenta de actos jurídicos documentados respecto de la escritura pública de constitución de préstamo con garantía hipotecaria. Esta iniciativa fue rechazada por el TSJM, y el Ayuntamiento impugnó el asunto frente al Tribunal Supremo.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Supremo decidió por cinco votos a uno la procedencia del recurso. Para ello, cambió el criterio anteriormente seguido por el Supremo, en el sentido de que el pago de los impuestos correspondía al cliente que recibía la hipoteca, considerando ahora que debía atribuirse a la entidad financiera.

El día siguiente, el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, a la vista de las consecuencias del cambio de jurisprudencia y “la enorme repercusión económica y social de las sentencias” decidió convocar un pleno de dicha instancia que se celebrará el próximo 5 de noviembre, para que sus 31 magistrados se pronuncien sobre el mantenimiento del nuevo criterio en casos similares.

Dicho pleno fijará la forma en la que se liquidará a partir de ahora el impuesto sobre los actos jurídicos documentados (AJD). Para ello, la sala examinará y dictará sentencia sobre un asunto similar al que formaba parte de la sentencia de la semana pasada y que esté en casación. No obstante, ello no modificará las sentencias ya emitidas, que son firmes y no susceptibles de revisión.

Existen cuatro escenarios, confirmación de la nueva interpretación de la ley y por lo tanto a partir de ahora los prestamistas serán los sujetos pasivos, adhesión a la sentencia pero acotando los efectos (por ejemplo, limitando el efecto retroactivo a los cuatro años de prescripción del impuesto), retroactividad total (poco probable, según los expertos por las consecuencias para la Administración y el sistema financiero) o marcha atrás confirmando las vigencia del artículo 29 de la ley y la interpretación del Supremo hasta ahora.

Veremos cuál es finalmente la solución al conflicto.