El Tribunal Constitucional obliga a retocar el R.D.L. 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, pero mantiene sus partes fundamentales.

El Tribunal Constitucional obliga a retocar el R.D.L. 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, pero mantiene sus partes fundamentales. La decisión de los magistrados no afecta a los cambios que se realizaron en la Ley de Arrendamientos Urbanos, como la duración de los contratos o la limitación de avales

El Tribunal Constitucional ha decidido este martes anular dos disposiciones adicionales del decreto de alquileres aprobado el pasado marzo. La decisión se produjo a raíz de un recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la norma por entender que no estaba suficientemente justificado el carácter de urgencia como para recurrir a un Real Decreto Ley, una figura jurídica que acorta los trámites parlamentarios habituales de las nuevas normas.

El TC ha estimado parcialmente los argumentos de la oposición en dos partes muy concretas del decreto, las disposiciones adicionales primera y tercera. Ninguna de ellas hace referencia precisamente a lo que era la parte fundamental del texto, la que modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluyeron la prolongación de la duración mínima de los alquileres de tres a cinco años (siete si el arrendador es una empresa) o la limitación de los avales que puede pedir el propietario de la vivienda a los inquilinos.

La sentencia del Tribunal Constitucional anula la disposición adicional primera del decreto “Medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler” en la que se contemplaba la movilización de suelo público, los acuerdos entre administraciones para agilizar licencias urbanísticas, la cesión de derecho de superficie de suelo público para que promotores privados construyan viviendas en alquiler o la reorientación del Plan Estatal de Vivienda para que todos los nuevos pisos con protección pública se destinen a arrendamiento y no a la venta. La norma incluía además el procedimiento por el que Fomento debía ir informando a Economía de cómo avanzaban estos planes.

La otra disposición adicional anulada es la tercera “Convenios en materia de infraestructuras” que no afecta a la política de vivienda.