El TC declara que la Ley 5/2018 en relación con la recuperación de vivienda ocupada ilegalmente, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación de viviendas ilegales.

Estos consideraban que la ley vulneraba, entre otros, del derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, porque hacían posible ejecutar un desalojo forzoso de la vivienda sin alternativa habitacional y sin permitir a los órganos judiciales valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso.

Según el texto de la sentencia (recurso de inconstitucionalidad núm. 4703-2018):

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf

La decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado.

El juez es la autoridad competente para ordenar y reconducir situaciones contrarias a la norma sustantiva y su adecuación a ella, sin que puedan oponérsele circunstancias de hecho encaminadas a hacer posible la permanencia y consolidación de una situación ilícita, como es la ocupación ilegal de una vivienda.

La resolución judicial que ordene el desalojo de los ocupantes ilegales de la vivienda se ha de comunicar por el órgano judicial a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que en el plazo de siete días puedan adoptar las medidas de protección que fueren procedentes, en orden a la situación de vulnerabilidad en que pudieran quedar los afectados por el lanzamiento, siempre que estos hubieran manifestado su consentimiento.

La resolución del Constitucional considera que tampoco se vulnera el derecho a una vivienda digna y adecuada pues el art. 47 CE no garantiza un derecho fundamental, sino que enuncia un principio rector de la política social y económica. Y en cuanto a la prohibición de desalojos forzosos a la que se refieren los instrumentos de Naciones Unidas, dispone que la misma no es de aplicación a los desalojos efectuados legalmente y de manera compatible con las normas internacionales de Derechos Humanos, en particular las referidas al derecho a un proceso con las debidas garantías.

Por último declara que el mandato a los Estados de promover el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada no es incompatible con el establecimiento por el legislador de procedimientos judiciales para dirimir las controversias que puedan suscitarse acerca del mejor derecho en relación con la titularidad y posesión sobre los bienes inmuebles, con el consiguiente derecho de quien hubiera obtenido una resolución judicial a su favor que decrete el desalojo del ocupante a instar la ejecución de dicha resolución La sentencia concluye afirmando que la Ley 5/2018, aun siendo una norma procesal, no es ajena a la preocupación del legislador por hacer frente a las situaciones de especial vulnerabilidad social que puedan producirse como consecuencia del desalojo de viviendas judicialmente decretado. Además, el legislador dispone de un amplio margen de apreciación para adoptar disposiciones en materia social y económica.