El gobierno español lleva al TC el Libro Sexto del Código Civil de Cataluña

«Según el ejecutivo español el Libro VI contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional e invade las competencias exclusivas del estados español sobre legislación civil.»

 

El consejo de Ministros acordó el pasado día 19 de mayo solicitar al ejecutivo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de Libro VI del Código Civil de Cataluña, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el día 22 de febrero de 2017 (Ley 3/2017, del 15 de febrero). La Ley, regula los aspectos del ámbito privado de las personas físicas y jurídicas que no se contemplaban en los otros Libros de la Codificación catalana: las obligaciones y los contratos.

La aprobación de este Libro ha sido la culminación de 15 años de trabajo desde la Comisión de Codificación de Cataluña, presidida por el Decano del Colegio de Notarios y formada por juristas y expertos académicos. El Texto definitivo fue avalado unánimemente por el Consejo de Garantías Estatuarias. El Libro VI, a diferencia del Código Estatal, es un Código Abierto que se ha fijado en los trabajos de Derecho Europeo más avanzados.

Según el ejecutivo español el Libro VI contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional e invade las competencias exclusivas del estados español sobre legislación civil, entendiendo que las materias que regula se encuentran dentro de las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil, ya que las Comunidades Autónomas tan sólo tienen derecho al desarrollo de los derechos civiles, forestales o espacial.

El Libro VI regula materias tan importantes en el tráfico jurídico como los contratos de compraventa –contrato civil por excelencia- y de permuta, el de cesión de un solar a cambio de una construcción futura. Desjudicializa la necesidad de intervención de un juez en los supuestos en que uno de los herederos no acepta ni renuncia a la herencia, hecho que paraliza la aceptación del resto de los llamados a herencia. La intervención de un notario puede desencallar esta situación –interrogatiu in iure-. Incorpora así mismo en los contratos directivas europeas para la protección de los consumidores. Por tanto, de este Código Civil dependen tanto los testamentos, como la compra de una vivienda o un contrato de conreo, entre otros. La Ley entrará en vigor el mes de enero de 2018. Tendremos que esperar al resultado del Tribunal Constitucional.