Desalojo exprés de los ocupantes ilegales de viviendas

El pasado 24 de abril, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó la Proposición de Ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en aquellos supuestos de ocupación ilegal de una vivienda. Tal como proclama el preámbulo de la Propuesta de Ley, se pretende crear un procedimiento específico, ágil y rápido para poner fin a la realidad social de las ocupaciones ilegales en determinados ámbitos de la población.

El objetivo de la reforma –que aún tiene que pasar al Senado– es poder ejecutar por la vía de urgencia el desalojo sin tener que recurrir a la vía penal o a otras vías civiles que no han sido instrumentalizadas específicamente para estos supuestos.

¿Quién podrá interponer una demanda?

Se trata de un procedimiento que podrán interponer:

  • Los propietarios personas físicas
  • Entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda
  • Titulares de un fondo de viviendas destinados a alquiler social

* Quedan fuera del ámbito de aplicación de este tipo de procedimiento, pues, los Bancos o las grandes tenedores de viviendas.

¿Cómo funciona el procedimiento?

Presentada la demanda:

  1. El Juzgado dictará una Interlocutoria –resolución– dando traslado de aquella a los ocupantes de la vivienda para que la contesten.
  2. Se les requerirá para que aporten un título que justifique su situación posesoria; Deberán hacerlo en el plazo de 5 días.
  3. El Juzgado comunicará a los servicios municipales de atención social del municipio donde radique la vivienda, la abertura de un procedimiento de desocupación ilegal, con objeto que puedan dotarse las medidas necesarias, siempre que los ocupantes hayan prestado su consentimiento.

* Si no se aporta justificación suficiente, el Tribunal ordenará el lanzamiento inmediato.

* Si no contestan la demanda se dictaminará inmediatamente sentencia y el demandante podrá solicitar al Juzgado la inmediata ejecución.

Conclusiones

La creación de este procedimiento es un hecho muy satisfactorio para todos aquellos propietarios que ven como la tutela judicial actual –tanto en el ámbito penal, como en el ámbito civil–  es lenta y no siempre recoge sus pretensiones. Asimismo para luchar contra los fenómenos de ocupación ilegal con finalidad lucrativa que extorsionan a los propietarios a cambio de dinero si quieren obtener la posesión de la vivienda. Sin embargo, la realidad de los Tribunales de Justicia puede modificar algunas de las finalidades que esta Ley pretende, sobre todo, la inmediatez de los plazos para recuperar la finca. ¿Por qué motivos?

  • Cuando la demanda se presenta, el Organismo designado para hacer el reparto a uno de los Juzgados de 1ª Instancia es el Decanato. Este procedimiento, de forma general, tarda aproximadamente unos 20 días naturales.
  • Es probable que los ocupantes, cuando reciban la demanda, soliciten abogado y procurador de oficio. En este caso, se suspenden las actuaciones hasta que los respectivos Colegios nombren un abogado y un procurador.
  • En el supuesto que haya oposición a la demanda, se celebrará una vista –juicio–. La fecha la señalará el Juzgado.
  • La fecha de lanzamiento judicial la programan los Servicios de Actos y Comunicaciones de los Juzgados y dependen de su agenda.
  • Por último, no podemos olvidar que los plazos legales no siempre se pueden cumplir por falta de medios en los Juzgados.

Quedará pues que la puesta en marcha de esta iniciativa venga acompañada de medios materiales y personales en los Juzgados para que estas medidas sean eficientes.