Desahucios de alquileres y grandes tenedores

En el Consejo de Ministros del 2 de Noviembre se ha acordado desistir de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Cataluña el 23/7/2015) en aquello que se refiere a las cuestiones de alquiler social a ofrecer a endeudados en situación de emergencia habitacional y de expropiación de uso temporal de viviendas vacíos de grandes tenedores.

En este sentido, recordamos las obligaciones que impone a determinados propietarios en relación con los desahucios por impago de alquiler.

Así, antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, el demandante tiene que ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social si el procedimiento afecta personas o unidades familiares que no tengan una alternativa de vivienda propia y que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial que define esta ley, lo cual tiene que comprobar el mismo demandante, que tiene que requerir previamente la información a los afectados, y siempre que se dé uno de los dos supuestos siguientes:

a) Que el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de gran tenedor de vivienda.

b) Que el demandante sea persona jurídica que haya adquirido después del 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario.

Se entiende que son grandes tenedores de viviendas las personas jurídicas siguientes:

a) Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil.

b) Las personas jurídicas que, por sí solas o por medio de un grupo de empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de 1.250m2, con las excepciones siguientes:

1.º Los promotores sociales a que hacen referencia las letras a y b del artículo 51.2 de la Ley 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

2.º Las personas jurídicas que tengan más de un 15% de la superficie habitable de la propiedad calificado como viviendas con protección oficial destinados a alquiler.

Se considera que las personas y unidades familiares se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial siempre que tengan unos ingresos inferiores a 2 veces la IRSC, si se trata de personas que viven solas, o unos ingresos inferiores en 2,5 veces la IRSC, si se trata de unidades de convivencia, o unos ingresos inferiores a 3 veces la IRSC, en caso de personas con discapacitados o con gran dependencia. En el supuesto de que los ingresos sean superiores a 1,5 veces la IRSC, hace falta un informe de los servicios sociales que acredite el riesgo de exclusión residencial.

Porque la propuesta pueda ser considerada de alquiler social tiene que cumplir los requisitos siguientes:

a) Tiene que fijar rentas que garanticen que el esfuerzo por el pago del alquiler no supere el 10% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si están por debajo del 0,89 del indicador de renta de suficiencia (IRSC), o el 12% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si están por debajo del 0,95 del IRSC, o el 18% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si son iguales o superiores al 0,95 del IRSC.

b) Tiene que ofrecer preferentemente la vivienda afectada por el procedimiento o, alternativamente, una vivienda situada dentro del mismo término municipal, salvo que se disponga de un informe de los servicios sociales municipales que acredite que el traslado a otro término municipal no tiene que afectar negativamente la situación de riesgo de exclusión residencial de la unidad familiar.

c) Tiene que ser para un periodo de como mínimo tres años.

Texto de la Llei 24/2015

 

Imagen: infolibre