De forma excepcional, se impone una limitación temporal a la actualización de las rentas de los contratos de alquiler de vivienda.

El día 31 de marzo de 2022, ha entrado en vigor el Real decreto ley 6/2022, de 29 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Entre estas medidas aprobadas por el Gobierno, se establece de forma temporal y excepcional, una limitación a la actualización de las rentas que afectará a los contratos de vivienda habitual vigentes.

 

¿A qué contratos afecta la medida?

  • A los contratos de vivienda habitual firmados con posterioridad al 1 de enero de 1995, que cumplen la anualidad de su vigencia en el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 30 de junio de 2022. Quedan excluidos los contratos de renda antigua y los contratos de uso diferente a vivienda -locales, contratos de temporada etc-.

 

¿En qué consiste?

  • Llegada la fecha de revisión del contrato, las partes podrán pactar el incremento de la renta.
  • En caso de no llegar a un acuerdo y, de forma temporal y excepcional, no se podrá actualizar la renta aplicando el IPC inicialmente pactado, se tendrá que aplicar el Índice de Garantía de Competitividad.

El último índice publicado corresponde al mes de enero de 2022 y se fijó en 2,02%.

Este índice establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente al euro. En virtud de la Llei 2/2015, 30 març, de desindexación de la economía española, cuando la tasa de variación de este índice se sitúe per debajo del 0 por ciento se tomará este valor como referencia, lo que equivaldría a la aplicación de la regla de no revisión. Cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a medio plazo y la inflación anual del Banco Central Europeo (2 per cent), se tomará este valor como referencia.

 

¿A quién afecta esta limitación?

  •  Esta limitación será obligatoria para los grandes tenedores, a los que se impone la obligación de pactar con el inquilino la actualización sin poder superar lo que marque el IGC (2% máximo).

La norma define a los grandes tenedores como las personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m² de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.

  •  Los propietarios que no tengan la condición de grandes tenedores, podrán pactar libremente el incremento de la renta con los inquilinos, y solo se impondrá el límite de no superar el IGC si no se llega a ningún pacto.