El nuevo procedimiento civil contra la okupación ilegal de inmuebles

Escribo estas líneas el mismo día que ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 5/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas con la finalidad expresa de regular todas aquellas situaciones de okupación ilegal que no tenían respuesta en nuestro Ordenamiento Jurídico.

En los últimos tiempos y como consecuencia de la crisis económica han aparecido fenómenos de okupación ilegal premeditada, que aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de muchas personas y familias, han disfrazado situaciones ilegales con una finalidad lucrativa. Se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de personas necesitadas o de ancianos con pocos recursos, extorsionando a los propietarios para obtener una compensación económica.

Nuestra legislación procesal no disponía de instrumentos rápidos y eficaces para que el propietario pudiera recuperar la posesión de la vivienda y en muchas ocasiones los propios Tribunales debían adaptar la normativa procesal a las situaciones de okupación ilegal.

Así pues, en este estadio, el pasado día 6 de junio del presente año 2018, el Senado aprobó definitivamente la proposición de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con relación a las okupaciones ilegales de inmuebles; hecho este largamente esperado por los operadores jurídicos y hoy, día 12 de junio de 2018, ha sido publicado el Texto Legal que entrará en vigor el próximo día 2 de julio de 2018.

Los grandes rasgos de la reforma son los siguientes:

¿Qué hecho debe suceder?

Haber sido privado de la posesión de una vivienda sin el consentimiento de su propietario o de quien tenga derecho a poseer el inmueble.

¿Quién lo puede solicitar la recuperación de la vivienda?

Podrá solicitar la inmediata recuperación de la posesión de una vivienda, la persona física que sea propietaria o poseedora legitima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer y las entidades públicas propietarias o poseedoras de viviendas sociales.

¿Contra quién se podrá dirigir la demanda?

Se dirigirá a quien esté habitante la vivienda. No obstante, podrá dirigirse contra los ocupantes ilegales, si no se han podido identificar. Si la identificación ha sido positiva, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por sí procediera su actuación, siempre y cuando los interesados ​​hubieran otorgado su consentimiento.

¿Qué deberá aportar el propietario o poseedor con la demanda?

Necesariamente deberá acompañar el título que le dé derecho a poseer – Escritura de propiedad, usufructo, etc.-

¿Qué deberán aportar los ocupantes al Juzgado para hacer valer su derecho?

Si el demandante hubiera solicitado la inmediata recuperación de la vivienda, en el Decreto de admisión de la demanda, el Juzgado requerirá a los ocupantes para que aporten en un plazo de 5 días desde la notificación de aquélla, un título que justifique su situación posesoria. Si no lo aportaran, el Tribunal ordenará la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante. En este mismo acto se notificará al Servicios Sociales competentes la situación de los ocupantes, siempre y cuando éstos hubieran otorgado su consentimiento.

¿Se pueden oponerse a la demanda los ocupantes?

Sí. En este supuesto deberán aportar un Título que justifique y acredite que tienen derecho a poseer la vivienda. En este caso se celebraría juicio.

 

FUENTE: Rosa M. Peris Vidal – Responsable Área Consultoría CPUBCN

Imagen: © Joan Sánchez